La organización terrorista ETA (Euskadi eta Askatasuna) nació a finales de 1958 promovida por sectores del nacionalismo vasco que acusaban de pasividad frente al franquismo al PNV y a las instituciones derrotadas en la Guerra Civil de 1936. Sus primeros atentados con bombas se produjeron apenas un año después de su fundación y la primera víctima mortal fue una niña alcanzada por una bomba colocada en junio de 1960 en una estación de tren de San Sebastián.

A pesar de que desde su inicio ETA contemplaba el uso de las armas y la realización de atentados, los primeros asesinatos premeditados no se producen hasta finales de los años sesenta, una década después de su constitución. Cuando la dictadura franquista se debilitó, a mediados de los setenta, ETA comenzó a aumentar sus atentados y asesinatos, pero su escalada terrorista se disparó a medida que en el País Vasco y en el conjunto de España se iba asentando el régimen democrático.

De esta forma, hasta 1975, año de la muerte de Franco, ETA perpetró 44 asesinatos. Entre 1976 y hasta la aprobación de la Constitución democrática, en 1978, el número de asesinatos se elevó a 96. A lo largo de su historia, ETA ha cometido 858 asesinatos, de los que sólo el 5,5% lo fueron bajo la dictadura de Franco. El 94,5% de los crímenes han sido perpetrados contra el sistema democrático. Desde que se celebraron en España las primeras elecciones libres, las diversas ramas de ETA han cometido casi tres mil atentados que, además de los muertos, han dejado un balance de más de dos mil personas heridas.

La intensidad de la acción terrorista tiende a hacerse máxima en los momentos de mayor impulso reformista. En el trienio 1978-1980, en el que se aprobó la Constitución y el Estatuto de Gernika, se celebraron las primeras elecciones autonómicas vascas y se constituyó el primer Gobierno de Euskadi, ETA asesinó a 247 personas: ochenta y dos al año.

A la muerte de Franco, y durante los primeros años posteriores a su desaparición, se daba por supuesto que el desvanecimiento del régimen franquista implicaría el del terrorismo. Esto acabó ocurriendo en el caso de ETA Político-Militar. Pero, la otra rama, convertida desde 1982 en la única ETA no sólo no se disolvió con el afianzamiento de la democracia y de la autonomía, sino que acentuó sus rasgos más específicamente militaristas y abiertamente terroristas.

El terrorismo de ETA es un terrorismo de inspiración nacionalista que tiene como objetivo último la independencia del País Vasco. Este objetivo último lo persigue ETA mediante una estrategia de intimidación orientada a crear entre la población una situación de temor y ansiedad que acabe condicionando la vida social y política hasta el punto de obligar a las autoridades a aceptar una negociación en la que reconozcan la legitimidad de la lucha armada de ETA para pactar un nuevo marco político.

Después de la muerte del dictador Francisco Franco, España inició una transición a la democracia que por modélica ha sido puesta como ejemplo en numerosos países de Sudamérica e incluso en Sudáfrica. En 1977, se concedió una amplia amnistía que liberó a todos los presos políticos y a los miembros de ETA y se celebraron las primeras elecciones libres. En 1978 se aprobó por referéndum una Constitución democrática y en 1979 los ciudadanos vascos aprobaron en las urnas un Estatuto de Autonomía que configura las actuales instituciones.

En virtud de este Estatuto, el País Vasco o Euskadi tiene un marco de autogobierno superior al de cualquier otra región europea, incluidos los "Länder" alemanes. Existe un Parlamento y un Gobierno vascos, elegidos democráticamente, con amplias competencias políticas y administrativas. El Gobierno vasco manda su propio cuerpo de policía, con 7.500 agentes, gestiona la recaudación y gestión de casi todos los impuestos, dispone de cadenas de Radio y Televisión públicas, establece la política educativa, administra la sanidad, el urbanismo, la política industrial, etc.

Este sistema político ha sido respaldado de forma reiterada por los ciudadanos en las urnas mediante el apoyo mayoritario a los partidos políticos contrarios a la violencia y comprometidos con el marco político legal. Al frente del Gobierno autonómico han estado durante las últimas dos décadas formaciones nacionalistas, unas veces en solitario y otras en coalición con el Partido Socialista. Desde las últimas elecciones autonómicas del 2009 el brazo político de ETA, representada en las anteriores elecciones por el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV), quedó fuera de la Cámara al ser ilegalizadas todas las marcas electorales estimadas continuadoras de la actividad de Batasuna. El País Vasco es gobernado por primera vez por un Lehendakari socialista.

Solamente ETA -y con ella su brazo político, HB- se ha opuesto durante todo este tiempo a la voluntad democrática de los vascos intentando cambiar la decisión de las urnas mediante el uso del terrorismo.

Si la amnistía no dio paso al abandono de las armas por parte de ETA fue debido a la propia resistencia de la banda terrorista a desaparecer. ETA condicionaba, y condiciona, el cese de la violencia a exigencias que sabe inaceptables para cualquier Estado democrático. Desde 1978, la actividad de ETA se sustenta en un sustrato ideológico que rechaza el procedimiento de la democracia liberal basado en las decisiones de las urnas y que cree que su fuerza no está en los votos, sino en el mayor número posible de atentados. Esto evidencia su postura absolutamente contraria a los procedimientos de representación inherentes a cualquier Estado democrático. ETA niega que en España y en el País Vasco exista democracia, omitiendo intencionadamente, por ejemplo, que el Estatuto vasco fue aprobado por la mayoría de los ciudadanos vascos.

Durante mucho tiempo, la actividad de ETA ha hecho de la sociedad vasca una sociedad con miedo, en la que la mayoría de los ciudadanos no se ha atrevían a expresar en voz alta sus opiniones contra el terrorismo. Esta espiral de silencio y miedo se ha ido rompiendo poco a poco gracias a la acción de grupos sociales pacifistas y al propio hartazgo que se ha generado en la sociedad ante la persistencia del terrorismo desde hace casi cincuenta años, un terrorismo que ha incrementado su nivel de crueldad a medida que aumentaban las libertades democráticas y que ha persistido durante todo ese tiempo encerrado en sí mismo, sin evolucionar al compás de la sociedad en la que actúa.

Las movilizaciones ciudadanas contra el terrorismo se han ido haciendo cada vez más importantes. En julio de 1997 alcanzaron el punto culminante en la expresión de rechazo al secuestro del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, con las manifestaciones en las que participaron cientos de miles de ciudadanos de todas las ideologías. Ha sido la intensidad de este rechazo social, fundamentalmente, lo que ha hecho que la organización terrorista tuviera que plantear una tregua en septiembre de 1998 con el cese de sus actividades de forma temporal hasta noviembre de 1.999 cuando el Gobierno del Partido Popular se niega a negociar sobre la futura independencia del País Vasco.

Hay que señalar también que la voluntad de supervivencia de ETA y su trama de intereses se ha visto favorecida por determinadas respuestas equivocadas, y al margen de la ley, del aparato estatal. La más grave de ellas sería la 'guerra sucia' desplegada en territorio francés por mercenarios contratados por policías españoles. Aunque esa respuesta tiende a identificarse fundamentalmente con las siglas de los GAL, que actuaron entre 1983 y 1987, ya fue ensayada en los primeros años de la transición a través del Batallón Vasco Español o de la Triple A, que utilizaron los mismos procedimientos terroristas e ilegales que ETA y que, además, resultaron contraproducentes.

La actividad criminal de los GAL y grupos similares fue utilizada por los propagandistas de ETA como prueba de su teoría de las dos violencias simétricas. La imagen es falsa, porque es evidente que ETA ha seguido actuando tras la desaparición de la guerra sucia. Pero es también evidente que aquel error de mediados de los años ochenta ha sido decisivo para la reproducción generacional de la violencia nacionalista en el País Vasco. En ocasiones también se han producido excesos y actuaciones ilegales, algunas de ellas muy graves, por parte de los cuerpos de seguridad, que han contribuido a reforzar las convicciones subjetivas de los miembros de ETA.

Nada de esto, sin embargo, justifica la pervivencia del terrorismo en un marco democrático que permite la expresión y defensa en libertad de toda clase de opiniones políticas.

En septiembre de 1998, cuarenta años después de su fundación, ETA anunció una tregua. Desaparecieron los asesinatos, pero no desaparecieron del todo la violencia y la intimidación. Grupos de simpatizantes de ETA han cometido desde entonces cientos de ataques con botellas incendiarias y artefactos explosivos dirigidos, fundamentalmente, contra cargos públicos de partidos no nacionalistas, pero también contra ciudadanos y militantes de grupos sociales discrepantes. Existe todavía una estrategia de intimidación dirigida contra los no nacionalistas que impide que en el País Vasco una parte importante de sus ciudadanos puedan disfrutar del mismo grado de libertad que los nacionalistas.

La vuelta de ETA a los atentados tras la tregua de 1998 fue especialmente dura, ya que en el año 2000 causó la muerte a veintitrés personas e intensificó sus ataques contra representantes políticos del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La respuesta de los dos grandes partidos españoles fue la firma de un pacto, el Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo que culmino con la Ley de Partidos aprobada en junio del 2002. Todo esto hizo posible que en 2003 los tribunales declararan ilegal a Batasuna como brazo político de ETA. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2009.

ETA continuo con su actividad armada hasta marzo de 2.006 en el que difunde un comunicado declarando  un “alto el fuego permanente”, esta tregua fue rota en diciembre de 2006 con el atentado del aeropuerto madrileño de Barajas. En septiembre de 2010 declara una nueva tregua en la que afirma que no cometerá “acciones armadas ofensivas” que es ratificada en un comunicado en enero del 2011 con un “alto el fuego permanente, general y verificable”.

La acción policial y judicial y la aplicación estricta del Estado de Derecho, sin duda alguna, nos han llevado a la derrota de ETA. Son, el único camino en la lucha contra el terrorismo. El triunfo de la democracia sobre los violentos requiere como requisito imprescindible la disolución de la banda, la entrega de las armas y la puesta de sus miembros a disposición de la Justicia, de modo que la sociedad se quite de una vez por todas esa espada de Damocles que siempre ha pendido amenazante sobre su cabeza.

El balance de la actividad de ETA, además de los cientos de muertos y miles de heridos, es un balance de dolor y de familias destrozadas, es un balance de oportunidades económicas perdidas por culpa de la violencia, de encanallamiento de la convivencia social en el País Vasco, de tensiones y conflictos. ETA es responsable de que un sector de los jóvenes vascos estén educados en la intolerancia, en los modos fascistas de actuar, y que prefieran el "cóctel molotov" al debate de las ideas. ETA es responsable de la difusión de una subcultura de la violencia que va a costar erradicar mucho tiempo.

Si ETA tiene voluntad sincera de paz, debe anunciar de una vez por todas el abandono definitivo de las armas, sin condiciones, y reconocer el daño causado por tantos años de terrorismo.

Como consecuencia de esta situación que describimos, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco quiere expresar lo siguiente:

DEMANDAR el papel fundamental que las víctimas del terrorismo debemos desempeñar en cualquier proceso que se emprenda para la consecución de la paz. Las víctimas han de ser protagonistas principales de la pacificación, ya que sin su concurso activo jamás podrá hablarse de una paz justa. Las víctimas jamás habrán de ser moneda de cambio de nada y, desde cualquier punto de vista, la defensa de sus derechos es una condición básica que las instituciones han de tener presente en todo momento. Lo contrario sería tanto como convertir a las víctimas del terrorismo también en víctimas de la paz posible. Consecuencia directa de todo esto es que nos negamos rotundamente a cualquier posibilidad que puede esbozarse de "Ley de Punto Final" o de "Pacto de Silencio".

INSISTIR, nuevamente, en que solamente cuando los delincuentes, y quienes les han apoyado desde las bambalinas sociales, asuman consciente y activamente que los terroristas han asesinado, torturado, robado y causado un daño irrecuperable a la mayoría democrática de este país, podrá hablarse de un posible comienzo de la paz. Jamás podrá hablarse de paz sin reconocer el sufrimiento de las víctimas y si no hay una asunción explícita del daño causado.

EXIGIR, como consecuencia de lo anteriormente señalado, que las instituciones responsables tomen las medidas competentes de ayuda y colaboración con las víctimas. En este marco, las víctimas, además de ser merecedoras de las pertinentes ayudas económicas y de las compensaciones que por daños se pudieran derivar, también son las personas más legitimadas para demandar una discriminación positiva y favorable de la Administración vasca. En este sentido, es una exigencia mínima el diseño por parte de las instituciones de programas de inserción laboral para las víctimas. A modo de ejemplo, debemos señalar que atenta contra cualquier principio ético que se hable de los derechos de los terroristas y que jamás se hable desde el ámbito político e institucional de los derechos de las víctimas.

ADVERTIR que, además de lo citado en párrafos anteriores, las instituciones jurídicas y policiales tienen, hoy más que nunca, la obligación de hacer que se cumpla la ley. Ningún crimen ha de quedar impune y ningún criminal ha de permanecer sin ser puesto, cuanto antes, a disposición judicial. La paz también depende de que ningún asesino pueda resultar inmune a la acción de la justicia. Según un informe de la Audiencia Nacional del 2011 hay 314 atentados de ETA sin esclarecer, de ellos 134 han prescrito, lo que supone más del 40% de los asesinatos cometidos por la banda terrorista.

ACLARAR, definitivamente, que en el País Vasco no existe, ni ha existido nunca, ningún conflicto político que pueda utilizarse como argumento justificativo de cualquier actividad terrorista. Lo que sí ha existido, y existe, en la Comunidad Autónoma Vasca es un profundo déficit democrático: una minoría de ciudadanos ha pretendido, y sigue pretendiendo, imponer sus ideas por la fuerza. Después de más de veinte años de democracia, sólo el fanatismo intelectual o una perversa ideología fascista pueden justificar el empleo de actos terroristas para conseguir unos presuntos fines políticos.

DENUNCIAR la insistente equidistancia que las instituciones vascas quieren establecer entre los presos de ETA y las víctimas del terrorismo. En este punto, es esencial comprender que los presos de ETA lo son por los delitos que han cometido (papel activo). Por el contrario, las víctimas lo son siempre pasivamente, ya que nadie ha hecho nada para serlo. Por lo tanto, no hay razón de ningún tipo para que sea posible hablar de la existencia de "dos partes enfrentadas". Los criminales lo son por sus actos de barbarie y, por lo tanto, son ellos quienes, como paso previo a cualquier proceso de pacificación, deben reconocer el daño causado. El intento de  crear una lista paralela, al más puro estilo de la izquierda nacionalista radical, con el que matizar la sangre y el dolor de las víctimas del terrorismo por parte del actual Gobierno Vasco, con el proyecto de: “Decreto de declaración y reparación integral de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida en la Comunidad Autónoma Vasca entre los años 1968 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida”. Los objetivos perseguidos por la norma se encuentran suficientemente protegidos por la Ley de Memoria Histórica.  Nos encontramos con una norma de escaso rigor jurídico, que trata de amparar situaciones que en su mayor parte ya tienen cobertura y hecha con una clara oportunidad política. No resultando de recibo que las mismas instituciones que ningunean a las víctimas del terrorismo se esfuercen en la protección de las que denominan “victimas de abusos policiales”, poniendo en entredicho a un colectivo como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a quienes debemos la actual situación de la banda terrorista. Covite insiste en sus alegaciones en una idea fundamental: que se incluya en la norma el siguiente apartado, “No podrán causar las  indemnizaciones recogidas en el decreto, ni ser beneficiarios de las mismas, quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados”.

PONER de manifiesto, finalmente, que somos nosotros, las víctimas, quienes más hemos dado y más hemos sufrido. Nuestra legitimidad ética, obvia desde cualquier punto de vista que tenga como referente fundamental el marco de los Derechos Humanos, queda reflejada, además, por el hecho comprobable y público de que ninguna víctima se ha tomado jamás la justicia por su mano.