Como en otras ocasiones, dejaré que me asalte el temor y el temblor ante las víctimas a la hora de reflexionar en voz alta sobre ellas. Temblor ante su dolor inagotable; temor ante la mera posibilidad de decepcionarlas, de que no se sientan lo bastante comprendidas en lo que ahora yo pueda decir. Por lo demás, y para administrar el escaso tiempo disponible, resumiré la intervención en unos pocos puntos.

   I. El principal obstáculo para el reconocimiento: el todavía

1. El supuesto último del que partimos es que nuestras víctimas son víctimas políticas. Y ello, como sabemos, por serlo de un crimen político (es decir, justificado mediante invocaciones públicas, en nombre de un pueblo y para establecer un nuevo régimen político...), desde una ideología política como es el nacionalismo y con la complicidad -que perdura- de una parte importante de la sociedad vasca. Estas víctimas, por tanto, forman parte del proceso político en el sentido primordial de que contienen su clave explicativa. No son actores casuales ni secundarios, no significan un problema prepolítico. Su análisis permite vislumbrar mejor la naturaleza del conflicto, sus raíces y sus posibles salidas. De ahí que todos los grupos políticos quieran instrumentalizarlas, unos con mejores intenciones y otros con peores. Ellas son el testimonio principal contra los criminales y sus muchos cómplices, contra las doctrinas que los nutrían y contra tantos que han consentido esta situación. Ellas muestran, más que ningún otro protagonista, lo que no se quiere ver: que esta sociedad no puede aceptar una “paz” como no sea una paz justa, o sea, de una “paz” que elimine las condiciones que trajeron la “guerra” que nos declaró el terrorismo.

En otras palabras, el reconocimiento de palabra y obra de las víctimas implica el desprecio simultáneo de sus verdugos y también de la causa por la que mataron, además, de sus cómplices activos y pasivos. Es decir, exige un examen de conciencia general de los ciudadanos de este País..., en el que la carga principal habrá de recaer en el nacionalismo vasco, sus partidos y sus asociaciones de todo tipo.

2. Por eso mismo, la dificultad básica para ese reconocimiento estriba en que el problema político (el “conflicto” o “contencioso”, como quieren llamarlo) perdura y no ha terminado, sino que estamos en la fase del todavía. De ahí que no se trate de un mero ejercicio de memoria y responsabilidad sobre el pasado, sino de un juicio y reparación en el presente. O sea, cuando ETA sigue viva y produce su terror; cuando el proceso político de Euskadi no se ha decantado hacia un vencedor; cuando el sentido último de las víctimas es aún incierto o, al menos, no puede ser objeto reposado de análisis publico. En definitiva, vivimos en mitad de un proceso irresuelto -con alguna esperanza a partir del inminente cambio de gobierno-, no en la fase posterior de la reconciliación y perdón.

El Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno Vasco nos ofrecen pruebas a diario de cómo alimentar ahondar la brecha civil. La unidad didáctica presentada en algunos colegios para deslegitimar la violencia, por ejemplo, minimiza el papel de ETA, mezcla diversas clases de víctimas (de ETA, GAL, Guardia Civil y del machismo sexista), distingue violencia directa, estructural y cultural, informa de la tortura en el Estado español, pide a lo más empatía y solidaridad. Otra prueba de anteayer: las protestas nacionalistas por la retirada de los nombres etarras en las calles de bastantes pueblos. La última de hoy mismo: los nacionalistas llamados “democráticos” protestan de nuevo por la ilegalización de la enésima plataforma electoral -en este caso, para las elecciones europeas- infestada de personajes públicos que se niegan a condenar el terror etarra.

3. Entre muchas posibles, hay una conclusión necesaria. Que la reparación de la injusticia cometida no podrá iniciarse mientras no tenga lugar su reconocimiento, una confesión pública compartida del mal pasado y de la diferente responsabilidad que en él nos toca. Y que cualquier invocación de ese perdón que sortee o difumine las exigencias de la justicia será tramposa y fraudulenta.

   II. La inhumanidad del crimen

1. La inhumanidad como crueldad, insensibilidad hacia el mal ajeno
Es el sentido que tradicionalmente la asocia a falta de compasión o piedad, esto es, de tristeza ante el mal inmerecido del otro. Al despiadado se le llama inhumano porque, al carecer precisamente de ese sentimiento compasivo, creemos que ya no forma parte de la Humanidad. La compasión, junto con la indignación (tristeza por el bien inmerecido de quien hace el mal), es una pasión de la justicia: exige la justicia, conduce hacia ella.

Pero el terrorista y sus secuaces cultivan una compasión y una indignación invertidas. Experimentan de forma manifiesta una satisfacción alegre por el daño de sus víctimas y una triste compasión e indignación por el mal sobrevenido a sus verdugos. La razón de ello es el cambio radical de sentido de lo merecido: para el terrorista, merecido es el daño que hace al otro, inmerecido es el daño que el otro le hace. Y lo mismo ocurre con el juicio acerca de lo justo: según el terrorista, él hace o repone la justicia al golpear o al enemigo, pero éste comete injusticia al perseguirle, condenarle y encarcelarla. La víctima se vuelve así verdugo y el verdugo víctima. Naturalmente esa inversión arranca de su convicción nacionalista de partida. El suyo es un Pueblo milenario contra el Estado opresor, su diferencia distingue al “nosotros” de “ellos”, su historia y su lengua les otorga derechos de soberanía, etc.

Cuando no se llega a semejante alteración de los términos, otros equiparan los sentimientos de pena que despiertan por igual las víctimas de ambos bandos y así evitan el planteamiento de la injusticia del crimen cometido y la atribución de su responsabilidad. Víctimas del terrorismo y víctimas del juez que encarcela al terrorista, tan víctimas al parecer son las unas como las otras. El asesino que muere al explotar la bomba con la que iba a atentar o por disparos del policía que quería impedir su atentado adquiere asimismo la prestigiosa condición de víctima. Muertos asesinando y muertos asesinados son ya tan sólo muertos y nada importa justificar aquello por lo que respectivamente mataron o cayeron. Y se quedan tan anchos.

De suerte que el dictamen sobre la justicia o injusticia de la causa nacionalista que en el fondo está en juego y la corrección de los sentimientos que la acompañan variarán según las creencias del sujeto. A tal creencia, tal idea de justicia y tales sentimientos. La pregunta resulta obligada: ¿cómo superar entonces el relativismo de las pasiones y opiniones en liza, si no entramos a dilucidar con argumentos qué sea lo fundado o infundado en este trance? No bastará con decir que lo malo de la pesadilla etarra radica sólo en su violencia, pues para ellos el recurso a esa violencia puede justificarse cada vez que el sujeto siente que le pisotean un derecho fundamental. Habrá que examinar si existe tal derecho o tal atropello, juzgar la legitimidad de la pretensión por la que algunos matan y otros más justifican su asesinato. En definitiva, habrá que pasar de evaluar tan sólo sus medios terroristas a evaluar también y no menos los fines nacionalistas.

Ahora bien, en ese mundo abertzale lo habitual es permanecer en el terreno de los sentimientos, no ir en busca de las razones o sinrazones que los sostienen. Así se llega a declarar que los sentimientos políticos (como los no-políticos), además de insuperables, son inobjetables y respetables. Lo venía a decir hace un mes monseñor Uriarte, obispo de San Sebastián, cuando recomendaba “serenar nuestros sentimientos en la política” para así evitar la demonización del adversario. Eso está bien, aunque se diría que para el señor obispo las razones democráticas no deben desempeñar mayor cometido en ese esfuerzo. Al contrario, lo que propone es fomentar una emoción, “la conciencia cálida de pertenecer al mismo pueblo” (Diario Vasco, 30 de marzo), aun manteniendo sus pobladores distintos sentimientos de pertenencia. Pero el caso es que, cultivando estos afectos particulares, no somos un mismo pueblo en el sentido etnicista en que el término se emplea ni sería bueno ni posible que lo fuéramos. Formamos más bien una sociedad políticamente plural. Y esa sociedad plural sólo puede vivir en paz si instaura el pluralismo y la tolerancia para las diversas ideologías -tolerables- de sus miembros. Es decir, si consagra la ciudadanía como igual libertad de los sujetos políticos e infunde los sentimientos conformes a esa condición del ciudadano.

No es casualidad que por esas mismas fechas el PNV proclame tesis coincidentes con las episcopales. Escuchen este punto central de su Manifiesto en el último Aberri Eguna: “...manifestamos que los sentidos de pertenencia nacional no se imponen. Como todos los sentimientos, o se respetan, arbitrando para ello un marco recíproco de garantías de respeto y desarrollo en igualdad de condiciones, o la imposición de uno de ellos se constituye en fuente permanente de conflictos”. Adviértase de paso la cínica contradicción entre lo que el nacionalista demanda (el deber de respetar los sentidos o sentimientos de pertenencia nacional) y lo que hace (imponer a todos su propio sentido de pertenencia). Pero eso es nada comparado con los erróneos y peligrosos supuestos contenidos en esas palabras de apariencia tan exquisita.

Son demasiadas confusiones juntas. Pues no es verdad que todos los sentimientos sean legítimos y dignos de respeto, un tópico absurdo paralelo al de que todas las opiniones políticas son respetables. No nos parece que valga lo mismo el amor que el odio, la admiración que la envidia, la benevolencia que la venganza. Ni es cierto que la razón deba abstenerse de cuestionar la bondad o maldad de los sentimientos y, llegado el caso, de procurar transformarlos. ¿Acaso unos sentimientos, en determinados momentos, no conducen a una acción política y otros a su contraria? Ni es cierto tampoco que la razón sea impotente contra ellos, como si no hubiera conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos, como si el cambio de convicciones dejara intactas nuestras emociones. Somos responsables de nuestros sentimientos porque somos responsables de fundar las ideas en que al final aquéllos descansan.

Pero hemos visto que desde el nacionalismo el de pertenencia a una nación es el sentimiento político por excelencia y por naturaleza intocable, respetable e inmodificable. Ni hay justicia más principal que la debida a la nación, ni procedimiento más democrático que contar las adhesiones individuales al Pueblo. Lo sepa o no el ciudadano, la política es sobre todo un combate entre ideologías y pasiones nacionalistas. Nada cuenta el peso de los argumentos ni sirve deliberación racional alguna, porque también aquí se juegan tan sólo emociones y obligaciones hacia la nación de uno. En pocas palabras, para el nacionalista la política se reduce a exaltar el sentimiento de pertenencia, puesto que se agota en preservar lo propio y levantar sus fronteras frente al otro. Para el demócrata, en cambio, toda pertenencia particular -ya sea a una etnia o a una religión- ha de subordinarse a la común ciudadanía. Y los sentimientos políticos respetables serán los nacidos de esa conciencia que nos considera a todos sujetos de iguales derechos.

2. La inhumanidad como abandono o desprecio de la razón común
Este es un significado de hecho olvidado. La inhumanidad es desconfianza en la razón que tenemos en común y por la que podemos llegar a acuerdos para convivir como ciudadanos o sujetos políticos iguales. Es la renuncia a lo único susceptible de instituir la justicia de nuestra comunidad, el desdén de nuestra capacidad distintiva como seres humanos. Por tanto conduce a la prepotencia, consagra el uso de la fuerza o de injustas ventajas de cualquier tipo, fomenta el valor de lo particular y desigual.

A fin de cuentas, podríamos hoy también repetir con Camus, o persuasión o terror: “...y nunca fue posible persuadir a los que lo hacían de no hacerlo, porque estaban seguros de sí mismos y porque no se persuade a una abstracción, es decir, al representante de una ideología (...). Y, por supuesto, un hombre a quien no se puede persuadir es un hombre que da miedo. Así, al lado de los que no hablaban porque lo juzgaban inútil, se extendía y se extiende aún una inmensa conspiración del silencio (...). No hay vida sin persuasión. Y la historia de hoy sólo conoce la intimidación. Los hombres viven, y solamente pueden vivir, con la idea de que tienen algo en común, que les permitirá volver a encontrarse. Pero nosotros hemos descubierto que hay hombres a los que no se persuade. El que quiere dominar es sordo. Frente a él hay que pelear o morir. Por eso, los hombres de hoy viven en el terror” (A. Camus, Crónicas 1944-1948. II, 780).

   III. ¿De verdad representa ETA lo peor entre nosotros?
         (O ¿de quién son víctimas las víctimas?)

No estoy seguro. Y menos aún cuando, en general, se entiende que ETA es lo único malo en este País, con lo que pasamos por alto la perversión de la que ella misma es producto y a un tiempo reproductor constante. Esa simpleza interesada, de un lado, favorece la invisibilidad de los verdugos (ahora que las víctimas se han hecho visibles) o, cuando menos, de sus cómplices; del otro, nos permite librarnos de toda reflexión autocrítica y de cualquier sentimiento de culpa: malos son los otros; entiéndase, sólo los que matan.

1. Lo peor es el clima social imperante
Y no tengo la menor duda, además, de que este clima es lo que afecta a diario a las víctimas, lo que reabre sus heridas a cada momento. Doy por supuesto que, en líneas generales, ellas no se consideran víctimas sólo de un pistolero ni de ETA, sino del nacionalismo vasco.

Se trata de un clima -vigente en tantos pueblos, ambientes e instituciones- hecho de arrogancia tribal, ignorancia política, ideología reaccionaria, tiranía del nosotros o del grupo, xenofobia o racismo, matonismo, perversión moral, odio a lo español, etc. Está creado por gente con la que nos tropezamos en la calle o en el trabajo, mientras que no es fácil tropezarse con terroristas: estos últimos, salvo cuando actúan, no son terroristas y, cuando actúan como tales, no se dejan ver. Bien sabemos que es un clima extendido, ordinario y hasta celebrado con buena conciencia. Los individuos que lo celebran no matan, sino que es gente maja, jatorra, comprometida por el pueblo, etc. Eso sí, será probable que ayude a matar, dado que por lo común justifica el asesinato y no sabe discernir entre agresores y agredidos. Es, en fin, el clima que va a permanecer y durar cuando desaparezca ETA, porque hasta ahora no ha sido combatido con las ideas y los sentimientos contrarios. Por eso repetimos algunos que la verdadera transformación de esta sociedad será un trabajo de generaciones.

2. La trampa de la violencia etarra
La presencia obsesiva de ETA en nuestro escenario público produce una distorsión fundamental de los planteamientos políticos. Como lo primero o lo principal (y, a veces, hasta lo único) es acabar con el terrorismo, entretanto se consiente todo o casi todo lo que propone el nacionalismo moderado, igual da en política educativa, lingüística o cultural. Es decir, precisamente las herramientas principales de la construcción nacional por parte del nacionalismo.

Y es que, según repite el tópico estúpido, sin violencia, todo es legítimo. Para los bienpensantes basta dejar de asesinar o de aplaudir el asesinato para que un partido se convierta en demócrata y un proyecto se vuelva democrático. Democracia, al parecer, es sólo el régimen político que se sirve de medios pacíficos, una definición francamente precisa. He ahí, por ejemplo, el caso de Aralar, que ha renunciado a la violencia terrorista..., pero que la justifica cada día al equiparar su condena a la violencia del Estado. Otra muestra de confusión: “Gesto por la Paz exigió a ETA que "desaparezca ya, que nos deje que todos, incluido el llamado MLNV, hagamos política en libertad y que nos deje vivir en paz...” (Correo, 16 de abril 2009).

    IV. Las clases de responsabilidad frente a las víctimas (y las clases de justicia para con ellas)

Corresponden más o menos a las especies de responsabilidad o culpa de Jaspers (La culpa alemana).

1. Responsabilidad penal o criminal
Suele ser la única responsabilidad que se menciona o, en todo caso, la que más interés despierta. Es una responsabilidad de carácter individual que, en nuestro caso, recae exclusivamente en los asesinos de ETA. Pero no menos en los colaboradores necesarios de sus asesinatos (miembros de Batasuna, ANV, etc.), según sentencien los jueces.

2. Responsabilidad política
Es una responsabilidad colectiva: no nace de la suma de responsabilidades individuales, sino del grupo entero. Puede ser activa, si se trata de un grupo organizado, dotado de una estructura de toma de decisiones, que es responsable de daños que no habrían tenido lugar si no hubiera tal grupo. Y también pasiva o por omisión, es decir, por dejar de hacer lo posible a fin de constituirse en grupo organizado que tratara de oponer resistencia a los grupos dañinos y, mediante tal dejación, permitir los resultados (o los daños causados). “Cada ciudadano es corresponsable por los actos que comete el Estado al que pertenece” (El problema de la culpa, p. 79)

Pues bien, viniendo nuestro caso, cabría hablar de una responsabilidad política directa, ya sea por complicidad activa o por pasiva. Señalaría ante todo a los gobiernos e instituciones nacionalistas, así como a los partidos de esa confesión. Todos ellos en distintas medidas son cómplices de los terroristas o, al menos, cómplices de sus cómplices. Así lo ha verificado la ciudadanía, de una manera más que evidente y reiterada, cuando alzan su protesta o su sospecha cada vez que se persigue o ilegaliza a los aliados civiles de ETA. Pero existe asimismo una responsabilidad política indirecta: ya sea por complicidad activa y pasiva de los propios votantes nacionalistas, o ya sea por complicidad pasiva por parte de los demás partidos o asociaciones constitucionalistas que consienten los atropellos de derechos humanos en la CAV.

Excursus: ¿Pero es que acaso criminalizamos el nacionalismo?
A estas alturas, más de un nacionalista vasco replicaría indignado que, por mucho que los fines puedan ser coincidentes con los del terrorista, en todo caso los medios diferentes –pacíficos y violentos, respectivamente– les separan. Claro que suele olvidarse que comparten también las principales justificaciones teóricas en que sustentan la demanda de su común objetivo: al final, ambos juzgan esa meta y sus propios medios como si fueran un indiscutible derecho. Habrá, pues, que pensar la relación entre ese fin nacionalista, sus medios respectivos y las razones con que pretenden legitimarlos. Hagámoslo a propósito de algunos interrogantes (a veces excusas, a menudo reproches o desafíos lanzados al adversario) que están a la orden del día.

a/ ¿Estamos de nuevo incoando un proceso de ‘criminalización’ de las ideas nacionalistas? Vayamos por partes. Sería bueno empezar por decir que la puesta en cuestión de las ideas políticas no equivale ni a sospechar de sus intenciones ni a imputarles crimen alguno, sino a examinar primero su grado de verdad o falsedad y sus efectos políticos después. Ni siquiera es faltarles al respeto, porque el único respeto que piden las ideas es tomarlas en serio, o sea, escudriñar sus fundamentos o sus flaquezas, contrastarlas con otras. Tampoco vendría mal después entender la diferencia entre las ideas teóricas, referidas a fenómenos sometidos a la férrea necesidad, y las ideas prácticas, que tratan de realidades nacidas de la libertad. Pues sólo estas últimas, por impulsar a la acción (o ‘praxis’), afectan a nuestra comunidad política como tal.
Son esas ideas, doctrinas, ideologías o creencias las que, a través de las emociones y deseos que despiertan, orientan la conducta privada o predisponen a un comportamiento público. Pero si así de práctica es la función de tales ideas prácticas, habrá que sopesar con sumo cuidado su coherencia y fundamento racional, la justicia o injusticia de sus pretensiones. Cualesquiera ideas políticas, naturalmente, no tienen el mismo valor ni son defendibles por igual. Que nadie se extrañe, por tanto, si añadimos, que ciertas ideas políticas son criminógenas y algunas resultan más criminógenas que otras. La doctrina de la superioridad de la raza aria y la inferioridad de la judía condujo a Auschwitz y a la “solución final”; la tesis de que a toda nación le asiste el derecho innegable a ser Estado ha abocado en nuestro caso y en otros muchos al terrorismo. No se dice con ello que haya una conexión ‘necesaria’ entre la doctrina etnonacionalista y la producción del terror, que la primera sea condición suficiente del segundo. Se dice que, en virtud del escaso respaldo del propósito de secesión y del derecho en que quiere fundarse, y dados ciertos factores actuales en el País Vasco, se crea una tendencia ‘de hecho’ a organizar, o a aprobar o al menos a disculpar el terrorismo. Camus ya dejó escrito que “un error no es peor que un crimen. Pero el error termina por justificar el crimen y proporcionarle su coartada”.

b/ ¿Es que el hecho de compartir un mismo fin (verbigracia, la secesión política) significa que se aprueben los medios criminales de alcanzarlo? Claro que no. Ahora bien, haber desechado los métodos violentos no equivale sin más a consagrar cualesquiera otros métodos como moralmente impecables. Entre medios violentos y no violentos hay una diferencia cualitativa crucial, por supuesto, pero también subsisten otras diferencias nada desdeñables entre los mismos instrumentos no violentos según se acomoden mejor o peor al principio democrático. Desde criterios de justicia lingüística, pongamos por caso, la política sobre la lengua vasca -palanca primera de la “construcción nacional”- carece de fundamento suficiente. Recurrir además a la desinformación sistemática, al adoctrinamiento escolar, a la mentira pública permanente, al victimismo como estrategia, a la coacción encubierta de los adversarios, etc., es servirse de prácticas repudiables. Esos medios no son criminales, tal vez ni siquiera podrían ser tachados de ilegales; pero no dejarían por ello de ser inicuos. Nadie podrá acusar a esas personas autocalificadas como moderadas de ser violentos, pero ¿negará alguien las pruebas (no sólo los indicios) de cuánto han animado y siguen animando a los violentos?

Por si todavía quedaran incrédulos, miremos si el nacionalismo moderado denuncia la estrategia del terror y persigue sin descanso a los terroristas o bien, como han llegado a reconocer las autoridades y los policías, procura expresamente no perseguirles. Lo que es más, veamos de cuántas maneras el mismísimo Gobierno Vasco ha alentado e incluso amparado a los cómplices directos de los terroristas. He aquí algunas de esas maneras en tiempos recientes: recursos jurídicos cuando son ilegalizados, subvenciones oficiales a sus actividades de toda índole, la desobediencia a la hora de disolver su grupo parlamentario, el aprovechamiento de sus votos en decisiones parlamentarias cruciales, la suspicacia hacia los tribunales que los procesan, el apoyo de candidaturas electorales que los disfrazan, y así sucesivamente. Por todas estas vías los nacionalistas han despreciado a las víctimas al considerarlas de hecho víctimas necesarias. Ya sea por su insistente denuncia de ilegalización de los partidos que han creado esas víctimas o consentido su victimación. O ya sea por su proclamación reiterada (la última en el Aberri Eguna del 2009) de que el Gobierno español ha privado de representación política a parte de la sociedad vasca que quiere ser representada por los asesinos o sus cómplices. Son ellos mismos, pues, quienes vinculan su causa con la producción de víctimas mortales.

De suerte que todo lleva a sospechar que en nuestra Comunidad la misma meta política trata de alcanzarse por la conjunción o alternancia de medios violentos y no violentos. En un pasado muy reciente eso se llamó “Pacto de Estella”. Premeditada o no tal “división técnica” del trabajo de la secesión, lo indudable es que unos y otros se aprovechan respectivamente de las ventajas institucionales de éstos o del poder intimidatorio de aquéllos. ¿Cómo delimitar entonces la responsabilidad política de cada uno de ellos? ¿Podría todavía escudarse en su pregonado carácter pacífico y democrático el partido que acepta beneficiarse objetivamente de los efectos del terror...?

3. Que un objetivo público se propugne de parte de algunos mediante el asesinato, la amenaza y la extorsión, ¿acaso obliga a renunciar a ese objetivo a quienes lo pretenden por vías pacíficas? Evidentemente esa sola razón no obligaría a los pacíficos a semejante renuncia. Pero sí es, a mi entender, razón más que suficiente para que se impongan sin embargo otras obligaciones... que quizá acaben aconsejando la reformulación o el abandono de su proyecto.

El primero de tales deberes sería el de repensar la legitimidad (y no contentarse con su legitimación o respaldo social mayoritario) del objetivo secesionista como tal, al margen del modo como se persiga. Porque un fin injustificable no se convierte milagrosamente en excelente por emplear medios menos malos. Si el fin no justifica los medios violentos, tampoco los medios pacíficos justifican o hacen siempre bueno el fin, ni mucho menos. Quiere así decirse que no sólo hay que justificar los medios, sino también el fin. Habría que atreverse además a ponderar la validez de unas metas que, tras haber probado hasta ahora no ser accesibles por otras vías, han requerido unos métodos coactivos y mortíferos. Pero es que, además, el medio principal -el medio de los medios- son sus presupuestos y sus postulados últimos, es decir, el discurso mismo de su legitimidad. Por último, tocaría todavía analizar con todo rigor las condiciones del momento presente para concluir cuáles serían las probables consecuencias que el camino hacia tales metas provocaría. Pues no hay acción política moralmente aceptable, incluso por justa que parezca en abstracto, como de tal iniciativa se siguiera la partición en dos mitades de la sociedad a la que se aplica No hay voluntad que valga, no hay derecho alguno a decidir el destino de nuestra unidad política, si la consecuencia segura de su ejercicio actual fuera el sometimiento de la mitad menos uno de los conciudadanos a la mitad más uno.

Quien no entienda este lenguaje es que considera que sus fines son absolutos, es decir, un fanático dispuesto a lograr su objetivo a cualquier precio, incluido el precio de la sangre. Frente a ese iluminado se planta ese otro político -dice Max Weber- “que siente realmente y con toda su alma esta responsabilidad por las consecuencias (...), y que al llegar a un cierto momento dice: no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo” (“La política como vocación”. El político y el científico). ¿Acaso no ha llegado para los nacionalistas vascos ese momento?

3. Responsabilidad moral
Esta lo mismo puede ser individual que colectiva. Se da principalmente por complicidad pasiva, o sea, a modo de una responsabilidad negativa o de omisión (o abstención). Es la responsabilidad de unos y otros (no nacionalistas y también nacionalistas) que, a título individual, hubieran podido actuar de múltiples maneras para frenar la dictadura del terror en la familia, cuadrilla, lugar de trabajo o esparcimiento, universidad, vecinos, etc. O también esa otra responsabilidad colectiva que, en tanto que grupos putativos, debieran haberse convertido en grupos organizados con el fin de evitar o disminuir los daños.

De ahí que resulten muy ilustrativos para nosotros algunos modos de la responsabilidad moral en la Alemania tal como Jaspers los enuncia. Para decirlo de una vez, “casi cada alemán -bien que de modos muy diferentes- tiene motivos para llevar a cabo un autoexamen por razones de orden moral” (p. 89). “La culpa moral por la complicidad externa, el compañerismo de viaje, es algo que muchos de nosotros compartimos en distintos grados...” (p. 87). A fin de cuentas, “Son moralmente culpables las personas capaces de expiación, aquellos que supieron o pudieron saber y que, sin embargo, recorrieron caminos que ahora, en el autoexamen, estiman como un error culpable, tanto si encubrieron cómodamente lo que sucedía o se adormecieron y se dejaron seducir o comprar para obtener ventajas personales cuanto si obedecieron por miedo” (p. 82).

Habría que incluir la responsabilidad derivada del simular y disimular. “La vida detrás de la máscara -inevitable para aquél que quería sobrevivir -produjo culpa moral (...). Sólo el olvidadizo puede confundirse respecto a ello, porque quiere confundirse. El disimulo constituía un rasgo fundamental de nuestra existencia. El pesa ahora sobre nuestra conciencia moral” (p. 82). No se pasará por alto la culpa causada por una falsa conciencia. Hay que examinarse “para ver dónde hay culpa debida a la falta de claridad, culpa por no querer ver, culpa por un consciente aislamiento de la propia vida en una esfera ‘decente’ (...). No se trata de una culpa sencilla... (pp. 82-83). Pero hay que “revisar incluso las creencias más firmes, preguntando hasta qué punto soy responsable de mi engaño, de cada engaño al que he sucumbido” (p. 84). A menudo esa responsabilidad radicaba en “la aceptación parcial del nacionalsocialismo, la insatisfacción y a veces la adaptación interna y la conformidad...” (p. 84). Y entonces se escenificaba hasta en los ámbitos más privados la división enconada de los ciudadanos en el espacio público: “Puesto que esa equivocada objetividad estaba dispuesta a reconocer lo pretendidamente bueno en el nacionalsocialismo, al final se volvieron extraños los que habían sido hasta entonces amigos íntimos, sin que se pudiera hablar ya abiertamente entre ellos” (p. 85).

Pero es, sobre todo, la culpa de la pasividad. “Hay que distinguir entre los [ciudadanos] activos y los pasivos. Los actores y ejecutores políticos, los dirigentes y los propagandistas son culpables. Aunque no fueran criminales, tienen no obstante por su actividad una culpa positivamente determinable. Sin embargo, cada uno de nosotros es culpable por no haber hecho nada. La culpa de la pasividad es distinta. La impotencia disculpa; no se exige moralmente llegar hasta la muerte efectiva [“... no hay ninguna exigencia moral de sacrificar la vida sabiendo con seguridad que con ello no se va a conseguir nada. Moralmente existe la exigencia del riesgo y no la de elegir una muerte segura” (p. 88)]. Pero la pasividad sabe de su culpa moral por cada fracaso que reside en la negligencia, por no haber emprendido todas las acciones posibles para proteger a los amenazados, para aliviar la injusticia, para oponerse. En ese sometimiento propio de la impotencia quedaba siempre un margen para una actividad que, aun cuando no sin peligro, sí que era efectiva cuando se desarrollaba con precaución. No haber aprovechado la ocasión por miedo es algo que cada individuo tiene que reconocer como su culpa moral: la ceguera para con la desgracia de los demás, etc.” (pp. 86-87). Que piense cada cual cuánto se parecen el vasco del 2000 frente al nacionalismo y el alemán de 1940 ante el nazismo.


(COVITE. San Sebastián, 24 de abril de 2009)